IEALC Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe
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DECLARACION DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE HONDURAS
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017
Honduras transita una crisis de la democracia desde el golpe de Estado de 2009, un golpe perpetrado contra la voluntad del pueblo hondureño y contra un gobierno que en un acto de soberanía nacional se había integrado al ALBA, suscrito a Petrocaribe y convocado a un plebiscito nacional para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de derogar la Constitución Nacional de 1982. En este proceso, perdieron legitimidad no sólo los resultados electorales que dan ganador al actual autorrelegido presidente, sino cada una de las instituciones democráticas, desde los tres poderes del Estado hasta el Tribunal Supremo Electoral.
Lo que ocurre en Honduras se inserta en un proceso de la región del trifinio que ha detonado con la presencia en las calles de las capas medias que buscan robustecer las débiles democracias, detener el deterioro del Estado causado por la corrupción y evidenciar los costos sociales de las políticas públicas hechas a la medida de las grandes corporaciones, nacionales e internacionales, de agronegocios e industrias extractivas. Este proceso ha agudizado la conflictividad social previamente desatada por conflictos territoriales y socio-ambientales. Las políticas económicas se sostienen en el uso abusivo de los aparatos de seguridad, así como la criminalización, persecución y asesinato de las y los defensores de derechos.
A pesar de las sistemáticas expresiones de resistencia de la sociedad hondureña desde 2009 hasta la actualidad, como el Frente Nacional Resistencia Popular, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, las movilizaciones callejeras y el paro general, la huelga de brazos caídos de la Policía Nacional, entre otras, el Partido Nacional acrecentó los rasgos autoritarios de un gobierno que en 2013, con base en dos artículos de la tan cuestionada Constitución Nacional de 1982, puso a militares con funciones de “seguridad” creando la Policía Militar de Orden Público, un rol que había quedado enterrado junto a la Doctrina de Seguridad Nacional de las épocas más nefastas de la historia de América Latina. Desoyó los reiterados pedidos de los partidos opositores (la Alianza de Oposición contra la Dictadura y el Partido Liberal) de modificar las cuestionadas reglas electorales que normaron el proceso electoral de 2013 y que tiñen todo el proceso de irregularidades, falta de transparencia, “errores” hasta el más abierto y descarado fraude; y declaró un toque de queda por diez días a partir del cual se justificaron los asesinatos cometidos por la Policía Militar.
Se trata de un Estado que no garantiza los derechos básicos de su población, que sacrificó el bienestar social en pro de la estabilidad macroeconómica, asegurando riqueza para pocos y pobreza para el 60% de las y los hondureños, así como la tasa de homicidio más altas del mundo en un país sin guerra. El creciente autoritarismo manifiesta los esfuerzos por mantener este orden, atacando las manifestaciones sociales de los problemas estructurales en lugar de darles solución en el corto y largo plazo.
Las elecciones del 26 de noviembre evidencian el desgaste de un gobierno y de un Estado que depende enteramente del uso de la fuerza para sostenerse y perpetrarse en el poder.
¡Acompañamos solidariamente al pueblo hondureño y reclamamos que se respete SU voluntad!
¡Exigimos la inmediata libertad de Berta Cáceres Zuñiga, coordinadora de COPINH!
Grupo de Estudios sobre Centroamérica
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires
