IEALC Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe
El día 1° de mayo de 2021, el bloque mayoritario de la Asamblea Nacional de El Salvador, encabezado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, abusando del control sobre el Parlamento derivado de una mayoría legislativa recién alcanzada a inicio de este año, reemplazó a los cinco magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General del país.
La Sala de lo Constitucional constituye el principal mecanismo de control interno del Estado salvadoreño. Este organismo, al igual que el Fiscal General, en el último año han accionado para investigar acusaciones de corrupción, así como para asegurar que se respeten los derechos humanos y se eviten abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad, como por ejemplo, aquellos cometidos con excusa de las medidas sanitarias impuestas por el gobierno de Bukele con el fin de contender los efectos de la pandemia.
Entre los magistrados colocados por el legislativo se encuentran quienes defendieron la desobediencia de Bukele a una orden de la Sala Constitucional que solicitaba la apertura de archivos militares en el juicio actualmente en curso por la masacre de El Mozote (ocurrida en 1981 en el marco de la guerra interna, cometida por el Ejército contra población civil).
Cabe mencionar, además, que, durante su gobierno, Bukele aumentó los efectivos y el presupuesto militar. En el último año, dotó de facultades mayores a las fuerzas armadas de seguridad para poder intervenir en áreas de la vida civil. También profundizó la militarización de la policía. Basta con agregar la entrada con fuerzas armadas al Congreso en febrero 2020 para concluir que se trata de un proyecto de gobierno de corte autoritario.
Denunciamos el debilitamiento de la independencia de poderes al que estos hechos colaboran, así como el intento de instalar un poder carente de leyes que lo regulen e instituciones que puedan controlarlo.
Llamamos a organismos de DDHH y a los medios de comunicación a condenar y difundir los hechos de persecución política que el gobierno y la asamblea legislativa protagonicen contra opositores políticos, académic@s, periodistas y miembros de movimientos sociales y organismos de DDHH.
Grupo de Estudios sobre Centroamérica, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
