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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de abril de 2017.

El Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) repudia los recientes hechos represivos perpetrados en nuestro país contra distintas manifestaciones de protesta frente a la política de ajuste neoliberal del Gobierno de la coalición Cambiemos. La detención de participantes en la manifestación del 8 de marzo durante la huelga mundial de mujeres; la represión contra lxs trabajadorxs ocurrida en la ruta Panamericana durante el paro general del 6 de abril; la violenta irrupción de personal policial contra un comedor infantil en la localidad de Lanús –que entre otros graves daños provocó la pérdida del embarazo de una colaboradora del lugar–; el desalojo de lxs trabajadorxs de AGR Clarín; la represión a lxs trabajadores docentes que el domingo 9 de abril impidió la instalación de la “Escuela Itinerante” frente al Congreso de la Nación; y, el pasado 14 de abril, la intromisión ilegal de la policía jujeña en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, seguida de la detención de estudiantes de dicha casa de estudios, son las expresiones más recientes de la preocupante escalada represiva oficial contra las diferentes formas de protesta y de existencia social de los sectores y clases populares. Estos hechos profundizan la política represiva y de judicialización de militantes y organizaciones sociales impulsada desde el inicio de la gestión del presidente Macri, expresados también en la injusta detención y el procesamiento de Milagro Sala en Jujuy y en la campaña de represión antipopular desplegada en la provincia de Mendoza.

 

Estas acciones represivas se acompañan de una retórica oficial que estigmatiza los reclamos sociales y que quedó expresada en los provocativos discursos presidenciales contra las reivindicaciones y acciones gremiales de los sindicatos de la educación, así como en ocasión del paro general del pasado 6 de abril. La tentativa de criminalizar la protesta social también se materializa en la decisión de gobierno de modificar el marco jurídico vigente. Es por ello que también repudiamos el proyecto de reforma del Código Penal enviado por el Ejecutivo al Congreso de la Nación que busca ampliar las atribuciones de las fuerzas de seguridad contra lxs manifestantes, agravar las penas ante manifestaciones públicas de distinto tipo y englobarlas dentro de los delitos de amenaza y extorsión, entre otras cuestiones. El proyecto busca reinstalar un derecho penal de autor y tiene como principal objetivo ilegalizar la protesta social y a quienes participan de ella, atentando así contra los derechos constitucionales de petición y manifestación.

 

Esta política de represión, judicialización y criminalización de la protesta social es un componente esencial de la política de empobrecimiento de los sectores trabajadores impulsada por el gobierno nacional. En este sentido deben entenderse también los cuestionamientos por parte del gobierno a la legitimidad de las organizaciones sociales y gremiales de lxs trabajadorxs de distintos sectores. En este marco, el desarrollo de la actual lucha docente es un caso emblemático y decisivo del rechazo a la política oficial de fijación de topes a las paritarias.

 

Como docentes e investigadorxs universitarios exigimos –junto a nuestras organizaciones gremiales– aumentos salariales y presupuestarios para nuestro sector, así como nos solidarizamos activamente con las reivindicaciones de lxs trabajadorxs de la educación básica, media y universitaria y de las organizaciones sindicales que actúan en dichos ámbitos. Asimismo repudiamos las campañas de descalificación y estigmatización de lxs trabajadorxs de la educación promovidas por distintos grupos empresarios de comunicación y sostenidas por el actual gobierno.

Mabel Thwaites Rey

Directora

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC-UBA)

 

 

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