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El Presidente de Estados Unidos, Barak Obama, ha decretado la emergencia nacional por considerar que Venezuela “constituye una infrecuente y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Frente a la disparidad económica y militar de ambas naciones, el argumento esgrimido no solo resulta, por inverosímil, un insulto a la inteligencia, sino que expresa una grave amenaza que no se puede tolerar. Es precisamente tal declaración de emergencia lo que constituye un serio peligro para la paz en la región y representa una clara violación a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, que rigen el derecho internacional.

Desde el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe queremos advertir que la invectiva del gobierno estadounidense no está dirigida solo a Venezuela y a su revolución bolivariana, sino que se proyecta con nitidez a toda América Latina y el Caribe y, como tal, debe ser repudiada sin excusas ni dilación. La historia de nuestra región está suficientemente plagada de episodios de intervención política, económica y militar de la superpotencia del Norte, como para ignorar que con el decreto de Obama contra Venezuela se intentan crear las condiciones propicias para profundizar una ofensiva de recuperación de lo que aquella entiende como su “patio trasero”. Tras una década y media de ascenso de movimientos y gobiernos populares que plantaron su vocación de autonomía frente a los clásicos dictados imperiales, hoy se advierte una ofensiva de los sectores dominantes de toda la región en contra de los avances que, con mayor o menor profundidad, se produjeron en nuestras naciones en estos años. Si podían caber dudas sobre el aliento, la promoción y el financiamiento que desde Estados Unidos se hacían a los grupos sociales y políticos contrarios a los gobiernos elegidos democráticamente y con base popular, el tenor de la declaración de “emergencia” de Obama no hace sino confirmar las peores sospechas y los peores augurios.

Frente a esta situación, se impone la solidaridad activa e inmediata de los gobiernos sudamericanos, en forma individual y a través de la UNASUR y la CELAC, y de las organizaciones populares y las fuerzas políticas de Nuestra América para denunciar y detener esta maniobra. El IEALC, ligado académica y fraternalmente a los procesos de transformación de nuestra región, expresa su más firme repudio a cualquier acción que apunte a desestabilizar a Venezuela y, con ella y sin excepción, a toda la región.

Buenos Aires, marzo de 2015

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